Juez dicta prisión preventiva contra ministro Montás en caso Odebrecht

Un tribunal especial dispuso también una garantía económica e impedimento de salida del país contra dos senadores y un diputado.

Juez dicta prisión preventiva contra ministro Montás en caso Odebrecht

SANTO DOMINGO, 7 de junio (Panorama) — Un juez dictó hoy seis meses de prisión preventiva contra el actual ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás, por su implicación en los sobornos ejecutados por la empresa brasileña Odebrecht en RepublicaDominicana.

El juez de Instrucción Especial Francisco Ortega dispuso también una garantía económica de cinco millones de pesos (106 mil dólares) e impedimento de salida del país contra los senadores Tommy Galán y Julio César Valentín y al diputado opositor Alfredo Pacheco Osoria.

Ortega dictó también seis meses de prisión preventiva contra Andrés Bautista, presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), la principal fuerza opositora del país, y un año contra el empresario Ángel Rondón Rijo, acusado de repartir los sobornos de Odebrecht en el país.

El juez especial ordenó además nueve meses de prisión contra el ex ministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, los ec funcionarios Radhamés Segura y Roberto Rodríguez y Conrado Pittaluga; seis meses contra Ruddy González, y tres meses contra César Sánchez y Máximo De Oleo.

El pasado 29 de mayo, en una acción sin precedentes en el país, la Procuraduría General dispuso el arresto y levantamiento de la inmunidad parlamentaria de 14 personas, a quienes se les implica en los sobornos por 92 millones de dólares que la empresa brasileña Odebrecht admitió haber pagado en el país para obtener contratos de obras de infraestructura pública.

El procurador general Jean Rodríguez calificó hoy como trascendental para la lucha contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, la sentencia emitida por el juez Ortega, que declara complejo el caso y que dispone la imposición de medidas de coerción contra los 14 imputados que hasta el momento han sido identificados en el caso.

Rodríguez dijo además que esta sentencia marca el inicio del recorrido hacia lograr el fin de la impunidad en el país, destacando que fue emitida luego que el Ministerio Público demostrara los vínculos de los imputados con los delitos de soborno, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco, asuntos incompatibles con la calidad de funcionario público, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

El procurador Rodríguez reiteró, tal y como lo anunció el día en que fueron arrestados los implicados preliminares en este condenable hecho, que en el expediente están todos los que fueron señalados por la empresa Odebrecht como las personas a las que sobornó con el fin de obtener contratos de obras del Estado.

Al mismo tiempo, agregó “esta es solo la primera fase de este proceso. El Ministerio Público seguirá cumpliendo con su rol y mandato constitucional de procurar justicia y que haya consecuencias ante la violación a las leyes”.

Al referirse a los abogados de la defensa, el procurador general dijo que “aunque en más de 10 ocasiones trataron de entorpecer la audiencia de medidas de coerción, tratando incluso de que el proceso fuera anulado o declarado inadmisible, el magistrado juez, les rechazó todos y cada uno de los incidentes que presentaron, encontrando que la actuación del Ministerio Público y la instrumentación del expediente han sido correctos”.

Rodríguez destacó que por eso en su alocución del pasado lunes, 29 de mayo, le pidió al país que no se dejara confundir, porque muchos iban a tratar de generar dudas y de querer restar credibilidad a las actuaciones del Ministerio Público.

El Ministerio Público le atribuye a los imputados haber violado los artículos 123, 124, 166, 167, 169, 171, 172, 175, 176, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, los artículos 2 y 7 de la Ley 82-79 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, que era la norma vigente a la fecha de la ocurrencia de los hechos, y los artículos 3, 7 y 18 de la antigua Ley 72-02 sobre Lavado de Activos.

El Ministerio Público estuvo representado durante la audiencia, bajo la coordinación del procurador general de la República, Jean Rodriguez, por la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero Pelletier; la procuradora adjunta Carmen Díaz Amézquita, los procuradores de Cortes de Apelación, Narciso Escaño Martínez, Francisco José Polanco Ureña, y Wilson Manuel Camacho Peralta, y los fiscales Milciades Guzmán Leonardo, Joel Antonio López Gómez, Luis Alberto González Reyes, y Wagner Cubilete García.

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